COMISSIONS OBRERES ILLES BALEARS MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA*

La norma, que tiene un carácter transversal, es fruto de un largo proceso participativo, en el que ha colaborado la ciudadanía y diversas organizaciones y entidades. Una ley ambiciosa porque contiene medidas de obligado cumplimiento y de aplicación inmediata. La norma pretende establecer unos objetivos de reducción de emisiones, penetración de renovables y eficiencia energética para Baleares. Se implanta asimismo la obligatoriedad de que las políticas públicas incorporen la “perspectiva climática”, así como el hecho de que la administración pública promoverá proyectos renovables y servicios energéticos.

La ley incorpora, igualmente, objetivos ambiciosos en materia de movilidad sostenible a través de medidas tales como que las empresas de rent a car deben introducir una proporción del 2% de flota eléctrica desde el 2020, alcanzado el 100% en 2035, o la prohibición de vehículos diesel a partir del 2025. La norma persigue que en 2030 un 35% de la energía consumida en las Islas sea renovable, para alcanzar el 100% en el año 2050, fecha esta última en la que las emisiones contaminantes deben haberse reducido un 90%. Este último es un hecho especialmente destacable, ya que según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la exposición prolongada a la contaminación atmosférica causó la muerte de 38.600 personas en España en el año 2015.

El cambio climático se debe necesariamente afrontar como una oportunidad para la economía, en términos de diversificación, competitividad y también en ocupación. Precisamente en términos de creación de empleo, el estudio elaborado por iniciativa de CCOO Illes Balears cifra en 10.202 los puestos de trabajo que se crearían a partir del escenario planteado en la norma de una cuota de energía renovable del 35%. Un empleo de calidad y de carácter indefinido.

A partir de la aprobación de la ley, queda un trabajo fundamental como es su desarrollo reglamentario y la imprescindible dotación presupuestaria, todo ello en el marco de la participación social.